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Asesinato de exfuncionario federal fue crimen pasional: Gobierno de Morelos

El móvil del asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue de carácter pasional y económico, informaron este jueves funcionarios del Gobierno de Morelos.

Según las investigaciones, Bethzabeé “N”, esposa del exfuncionario federal, planeó el crimen en complicidad con su amante, Carlos “N”, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de Isaac Gamboa Lozano cuando éste fue funcionario.

Bethzabeé “N” proporcionó la información a su amante sobre su estancia en el domicilio de Temixco, en el estado de Morelos, y, además, fue quién abrió la puerta de la casa para que los asesinos pudieran entrar.

El asesinato del exfuncionario de SHCP
El pasado 21 de mayo, cuatro sujetos asesinaron a Isaac Gamboa, a sus tres hermanos y a su mamá en un domicilio del Fraccionamiento Las Brisas, en Temixco, Morelos; ahora se sabe que, al menos, dos de ellos habían sido escoltas del exfuncionario federal.

Derivado de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Morelos logró la detención de la esposa y uno de los presuntos asesinos; se encuentran recluidos en el penal de Atlacholoaya y ya fueron vinculados a proceso.

Fuentes extraoficiales señalan que el crimen se cometió para cobrar el seguro de vida de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, que ascendía a un millón de dólares y que el asesinato de sus hermanos y su madre fue para que ninguno de ellos pudiera cobrarlo.

Las autoridades de Morelos continúan con las pesquisas para lograr la detención de Carlos y los otros dos presuntos asesinos.

En 2018 Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP, fue señalado, junto con Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presunto desvío de recursos públicos por 250 millones de pesos en 2016.

Dichos recursos estarían asignados al Gobierno del estado de Chihuahua, pero, presuntamente, fueron entregados al entonces gobernador César Duarte para financiar campañas del PRI.

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