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Desplazados piden apoyo militar real para regresar a Leonardo Bravo

Las familias desplazadas por la violencia de la comunidad de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, solicitaron por escrito al comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle, que les den seguridad para poder regresar a sus hogares en los próximos días. 

Este viernes representantes de las familias desplazadas de esa localidad acudieron a las instalaciones de la 35 Zona Militar a entregar un oficio firmado por el comisario, Daniel González Solano y el alcalde de ese municipio, Ismael Cástulo Guzmán, dirigido al general José Francisco Terán Valle. 

En el escrito detallan que decidieron salir de sus casas desde el 11 de noviembre pasado tras la irrupción de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, quienes “incursionaron ilegalmente a los territorios de nuestro municipio, tomando con lujo de violencia las localidades de Filo de Caballos, Campo de Aviación, entre otras. Rechazamos tajantemente que gente armada esté en nuestra localidad”. 

Señalan que en asamblea de la comunidad decidieron regresar a su comunidad en los próximos días, “por ello pedimos su intervención para hacer lo propio y garantizar la seguridad de nuestras familias. Esto obedece que debido en el tramo carretero Campo de Aviación a Coatepec de la Escalera, ya han desaparecido tres personas sin saber nada de su paradero”. 

Sostienen que para regresar a su comunidad requieren condiciones de seguridad “para que se garantice nuestro derecho a la vida e integridad física, le pedimos que por su conducto ordene al personal militar a su mando para que se tomen todo tipo de medidas de seguridad y sean los encargados de garantizar la seguridad de nuestras familias y, de igual forma, pedimos el repliegue de la gente armada que tiene tomada nuestra localidad y, a su vez, haga lo propio para pedirle a la autodenominada Policía Comunitaria la retirada a su municipio al que pertenecen”. 

Solicitan que personal militar establezca un perímetro de seguridad permanente que incluya montes y veredas, además de que les garantice condiciones de vida digna como son “el derecho a la salud, alimentación, educación, empleo y la reparación del daño sobre las pérdidas de cada una de las personas afectadas”. 

Agregan que con la “participación coordinada entre todas las instituciones relacionadas a la seguridad pública, resolverán por sus cauces legales toda insurrección que tenga como única finalidad la violencia armada injustificada”. 

Manuel Olivares, del Centro Morelos de Derechos Humanos, dio a conocer que han platicado con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación federal, Félix Santana, para que una Comisión acuda a Chichualco para abordar el tema de las mil 680 familias desplazadas por la violencia de comunidades de la Sierra para garantizar su integridad.

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