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En cuatro años, 45 políticos asesinados en Guerrero

En la tumba en la que yace Daniel Esteban González, alcalde electo de este municipio, la tierra aún está fresca. Apenas el 19 de enero pasado le hicieron la novena de su segundo entierro y hasta un par de veladoras siguen encendidas.

Después de haber estado desaparecido por poco más de un año, sus restos fueron hallados en una fosa clandestina a las afueras de Tlapa.

Daniel Esteban asumiría el mando de este pueblo de indígenas Ñuu Savi —el más pobre de México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)— el 1 de octubre de 2018, pero el 2 de septiembre de ese mismo año fue capturado, desaparecido y enterrado en un paraje de esta zona de la Montaña de Guerrero.

La violencia política se ha instalado en el estado desde que en 2012 el alcalde electo de Teloloapan, Jesús Valladares Salgado, fue capturado por una célula del grupo criminal La Familia Michoacana, comandada por un barón local apodado El Pez, para obligarlo a entablar pactos so pena de muerte. Fue uno de los primeros casos conocidos dentro y, sobre todo, fuera de Guerrero, porque los criminales que lo apresaron y luego lo soltaron grabaron un video de la conversación y lo subieron a YouTube.

En los últimos cuatro años —en los que ha habido dos elecciones, en 2015 y en 2018—, 45 personas vinculadas a la política han sido asesinadas en la entidad. Entre ellas, al menos una docena de aspirantes, precandidatos, candidatos o autoridades electas.

Las zonas de mayor riesgo son Tierra Caliente, Centro y Costa Grande. En 2015, por ejemplo, en el proceso en el que resultó electo gobernador el priista Héctor Astudillo Flores, asesinaron a Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo. Y ya con la campaña en marcha, mataron a Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la presidencia municipal de Chilapa, ambas localidades del Centro del estado, donde inicia la región de La Montaña.

Tres años después, en 2018, en medio de otra campaña electoral para renovar el Congreso local y las 81 presidencias municipales —que coincidió con la elección federal—, fue enviado a Chilapa un destacamento militar para garantizar las elecciones.

En medio de la movilización, el entonces comandante de la 35 Zona Militar, Terán Valle, declaró que “los actos de violencia entre dos grupos delictivos, Los Rojos y Los Ardillos, eran porque estaban tratando de cooptar a los candidatos de los    municipios. Además de que se disputaban el control de la venta de droga y el territorio”.

Ese año, 2018, y el anterior, 2017, durante las precampañas partidistas asesinaron a 10 aspirantes, candidatos y autoridades electas.

En 2017 mataron a Modesto Carranza Catalán, diputado suplente de Saúl Beltrán Orozco, coludido con un narco de Tierra Caliente apodado El Tequilero; a Armando Arturo López Solano, dirigente municipal de MC en Quechultenango y excandidato a alcalde del mismo municipio; a Adolfo Serna Nogueda, aspirante del PRI a la alcaldía de Atoyac; a Arturo Gómez Pérez, alcalde perredista de Petatlán y dos días después de este último homicidio, el precandidato del PRD a la alcaldía de Zihuatanejo, Mario Catalán Ocampo, fue asesinado a tiros.

Antes, en 2016, ultimaron a Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Ciudad Altamirano, en Tierra Caliente.

Y en 2018 en Chilapa, luego de lo cual fue enviado el destacamento militar, mataron de forma consecutiva a dos precandidatas a diputadas locales: una del PRI y otra del PRD. Más tarde, en Zihuatanejo asesinaron al precandidato del PRD a la alcaldía y al aspirante del PRI a diputado local por el distrito 17, en Coyuca de Catalán.

La impunidad

El común denominador de estos crímenes es la impunidad, dice en entrevista el profesor investigador de la Universidad de Guerrero Noé Mondragón Norato, especialista en violencia política y autor de Los más de 43, un balance de crímenes de todo tipo de personajes públicos en el estado durante tres años.

El recuento de Mondragón es de 54 asesinatos, entre candidatos, regidores, periodistas, sacerdotes, funcionarios menores, exdiputados; 45 personajes de la política, lo mismo en Acapulco que en Acapetlahuaya, un municipio pequeño enclavado en lo alto de la zona Norte, colindante con el Estado de México.

Tal vez por eso es que no hay tranquilidad desde hace un año en Cochoapa el Grande.

En este pueblo enclavado entre bosques de pinos y ocotales, a más de siete horas de Chilpancingo, capital del estado, hay una calma malsana. Ni cuando el municipio estaba en medio de la zozobra por el paradero incierto de su alcalde, hubo paz.

La elección de julio de 2018 fue enconada y terminó definiéndose en los tribunales, los priistas quedaron inconformes y cuando el Congreso nombró de una terna a Edith López Rivera, viuda de Daniel Esteban, como alcaldesa, tomaron el ayuntamiento, sacaron los muebles y destruyeron papeles oficiales. No hubo entrega-recepción, menos ceremonia de toma de protesta. López Rivera despachó casi un año en su casa, que está cerca del palacio municipal.

Ahora atiende en el ayuntamiento, aunque permanece vacío y sin mucha gente que se asome. Es lunes, pero pareciera domingo: los únicos que están en el edificio son sus colaboradores cercanos y un grupo de trabajadores del Inegi que imparten un taller sobre el próximo censo.

-Con información del Universal.

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