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Organizaciones dicen ¡Ni un paso atrás! En su sistema de justicia comunitario CRAC-PC

Ante el golpe arteroque de tajo desconocieron nuestros derechos conquistados, como pueblos levantamos la voz contra los gobiernos racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que violentan nuestros derechos.
A pesar de este atraco queremos decirles con la frente en alto que nosotros somos los dueños primigenios de este enclave sureño de vastas riquezas naturales. Somos herederos de una civilización que ha sabido preservar una cultura basada en el respeto a nuestra madre tierra y a nuestros derechos colectivos. En contrapartida los gobiernos usurpadores se han empeñado en saquear y desaparecernos como pueblos originarios, sin embargo, aquí estamos, de pie para emprender otra batalla más, asegura el pronunciamiento de 9 organizaciones defensoras de la Coordinara Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).

Narran que en 1995 los pueblos indígenas de la Costa Montaña decidieron hacer frente a la inseguridad originada por las mismas autoridades y corporaciones policiales que se coludieron con las bandas delincuenciales para institucionalizar el atraco al amparo del poder. Ante esta amenaza se vieron obligados a organizarse para defender su patrimonio y hacer valer sus derechos. Inspirados en la lucha de sus antepasados aplicando su sistema de seguridad y justicia y lograron revertir los índices de criminalidad en un 90%, recuperando el control de sus instituciones encargadas de procurar justicia y reeducar a quienes han causado daño a la comunidad. La respuesta de los de arriba no se hizo esperar: el gobierno mestizo que es cómplice de la corrupción se obstinó en perseguirnos y amenazarnos, encarcelando a nuestras autoridades para causar temor y contener nuestra capacidad para organizarnos. No cejamos en nuestro empeño de luchar contra este aparato represivo para demostrar que la razón jurídica esta de nuestro lado. Logramos que las mismas autoridades del estado reconocieran en la Ley 701 que nuestra Policía Comunitaria es legal y legítima, y que, además, es un aporte transcendente que enriquece la pluralidad jurídica de nuestro estado y nuestro país, como lo han reconocido los Relatores Especiales de pueblos indígenas de las Naciones Unidas.

Señalan que a pesar de esta gran contribución, hoy los poderes Ejecutivo y Legislativo de manera perversa se aliaron para que de un plumazo quitaran de tajo el carácter constitucional que tenía nuestra Policía Comunitaria, con el fin de encapsularnos y supeditarnos a leyes que violentan nuestros derechos colectivos. Fue una contrarreforma urdida por el Ejecutivo y aprobada a pie juntillas por los diputados, con la finalidad de criminalizar las funciones esenciales de nuestro sistema de seguridad y justicia comunitaria. Ante este golpe artero, desde esta sede de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, hacemos pública nuestra protesta y expresamos que como pueblos originarios de esta Costa – Montaña, donde nació el proyecto histórico de la Policía Comunitaria, defenderemos con la ley en la mano este modelo ejemplar que nos ha garantizado la paz y la seguridad en nuestros territorios.

Refieren que esta legislatura de triste memoria ignoró que, en Ayutla de los Libres, donde habitamos los na’savi y Me’pháá se diseñó el histórico plan para derrocar a Santa Ana y luchar por la instauración de un gobierno democrático. Fue en este mismo municipio donde decidimos como pueblos nombrar a nuestras autoridades municipales por usos y costumbres, es decir, en nuestras asambleas comunitarias. Esta lucha tenaz fue una demostración de que nuestros derechos tienen que ser respetados por las instituciones del estado y los mismos partidos políticos.

Así también nació nuestra Policía Comunitaria, en las asambleas de nuestros pueblos haciendo valer nuestro derecho a la consulta y en ejercicio de nuestra autonomía. No fue una concesión graciosa de los gobiernos ni de los políticos disfrazados de redentores de los pueblos indígenas. Fue un proyecto que nació en la cuna de la rebeldía, en los territorios donde Genero Vázquez sembró junto con los pueblos el ideario de justicia para los pobres.

Queremos recordarles que los pueblos no somos vasallos de los Gobiernos usurpadores ni súbditos para que nos impongan leyes que nos sojuzgan, ostentamos la titularidad de nuestros derechos, le pese a quien le pese. Somos sujetos de derecho no objeto de políticas asistencialistas.

Por eso con la fuerza de la razón y la legitimidad de nuestras luchas convocamos a los pueblos hermanos para increpar al poder levantando nuestra voz ante los tribunales que han sabido reconocer nuestros derechos y a nuestra Policía Comunitaria que es un modelo ejemplar reconocido en leyes nacionales e internacionales.

Ante la aprobación de esta contrarreforma, por esta agónica legislatura, llamamos a los Ayuntamientos a no ser cómplices de esta decisión que atenta contra nuestros derechos, y más bien, hagan valer su poder para rechazar esta ley y apoyar los recursos legales que como pueblos indígenas interpondremos ante las instancias competentes.

Anuncian que con el derecho que les asiste hicieron público que acudirán a las instancias correspondientes para revertir esta reforma y afianzar mejor su organización, para defender y consolidar el proyecto histórico de la Policía Comunitaria que nació para garantizar la seguridad y la paz tan ausente en nuestro estado.

Finalizan diciendo ¡El respeto a nuestros derechos!, firman la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Casa de Justicia Espino Blanco, Casa de Justicia de El Paraíso, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Red Guerrerense de Organizamos Civiles y de Derechos Humanos y el Colectivo El Grito.

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