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Peña supo de los masivos desvíos de dinero público: UIF

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No había posibilidades de que el Presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México, aseguró Nieto Castillo, en una entrevista con La Jornada.

Reveló que la información aportada por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya –señalado de participar en la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y quien ofreció aportar información a las autoridades– permitió ampliar la investigación a 70 personas, entre ellas Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, y David Penchyna, quien fue senador durante la discusión de la reforma energética y dirigió el Infonavit en el último tramo del sexenio pasado.

Dio a conocer que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y adelantó que también se presentó una denuncia contra Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social durante una parte del gobierno de Peña Nieto, por haber legado bienes inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad al Sindicato Mexicano de Electricistas.

La UIF está adscrita a la Secretaría de Hacienda. Hasta el gobierno anterior tenía un papel más bien discreto. Ahora es una de las instancias claves en la estrategia del gobierno federal contra la corrupción, una de las principales políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Santiago Nieto expuso que hace dos años, cuando asumió la titularidad, encontró una Unidad de Inteligencia Financiera que servía para fines políticos, de presión a los opositores al gobierno de Peña Nieto, y era un mecanismo de extorsión que se complementaba con elementos de la (entonces) Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), actualmente privados de la libertad, que utilizaban la información de la UIF para actividades de extorsión a empresarios y a ciudadanos con flujo de efectivo importante.

Relata que encontró listas de personas que eran investigadas, entre ellas periodistas. Se hacía, dijo, “un uso político de la institución para fines de carácter económico o de persecución política.

La posición del presidente López Obrador es muy clara: cambiar esa dinámica hacia una de cumplimiento de las reglas del estado de derecho, particularmente en los temas relacionados con el combate a la corrupción.

El funcionario apunta que la corrupción en México era sistémica y los diseños institucionales para combatirla eran y siguen siendo en gran medida insuficientes. Sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupción acusa carencias en cuanto a la vigilancia del uso de los recursos por parte de servidores públicos y de su entorno cercano.

–¿Qué ocurrió con esos listados que se hacían en la UIF sobre opositores políticos? ¿Terminaron en denuncias o sólo eran para presionar?

–Llegaron a presentarse denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República. La información que hemos logrado obtener es que una buena parte de los datos que se hicieron públicos en su momento para atacar a opositores del régimen corresponde con la información que había aquí en la UIF.

–¿Qué destaca de la actividad de la UIF en estos dos años?

–Queda clara la posición del presidente López Obrador de combatir la corrupción, tanto a gran escala como en los casos pequeños. Está el hecho sin precedente de que se haya enjuiciado a ex gobernadores o logrado el congelamiento de cuentas de personas vinculadas con el ejercicio público; o se haya logrado, incluso, obtener órdenes de aprehensión contra secretarios de Estado y gente vinculada con el poder. Creo que ese es un gran paso.

Santiago Nieto menciona que anteriormente el trabajo en la Secretaría de la Función Pública o en la PGR estaba relacionado con personas de escasa importancia en la estructura orgánica de las instancias de gobierno. Hoy en día, aseguró, se sanciona a los dirigentes que fueron, si no autores materiales, sí autores intelectuales de los actos de corrupción, entre los que cita el desvío de recursos públicos del gasto social a través de universidades estatales, conocido como estafa maestra; o el desvío de recursos de varios gobiernos estatales al PRI, la llamada Operación Zafiro, o los sobornos pagados por la brasileña Odebrecht para financiar la campaña presidencial priísta de 2012.

En este punto precisa: los citados mecanismos de desvío de recursos públicos no hubieran podido hacerse sin la aquiescencia o la instrucción de personas encumbradas en el poder. Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México, tanto en lo que era Sedesol, como en Sedatu, Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

–¿Las investigaciones están llegando a esos niveles tan elevados?

–Sí. En estos momentos tenemos un caso por la denuncia del señor Emilio Lozoya Austin. Lo que hacemos es tener un seguimiento puntual de las personas que son denunciadas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso.

No importa si son gobernadores o ex senadores, lo importante es que todas las personas que hayan participado en estos actos de corrupción sean sancionados por parte de la autoridades correspondientes.

–¿En qué etapa de la investigación se encuentran los casos del ex presidente y del ex secretario Luis Videgaray?

–El caso de Videgaray está siendo sometido al análisis de la unidad y hemos tenido requerimientos de alguna otra autoridad.

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