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PRD presenta demanda de juicio político contra Durazo por operativo en Culiacán

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Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), apoyados por Futuro 21, presentaron este miércoles una demanda de juicio político en contra de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Esto bajo el argumento de la presunta responsabilidad de Durazo “en diversos actos y omisiones que les son atribuibles y que han redundado en un perjuicio de la seguridad pública y la estabilidad de las instituciones democráticas”.

La demanda ocurre luego de que el 17 de octubre se registraran balaceras y bloqueos en Culiacán, Sinaloa, a raíz de un operativo para cumplir con una orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Elementos de la Guardia Nacional y de Ejército ubicaron al hijo del capo al interior de una vivienda, lo que provocó que grupos delincuenciales rodearan el lugar y realizaran acciones violentas en la ciudad. Debido a esto, el gabinete de Seguridad tomó la decisión de suspender las acciones.

Impulsada por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, líderes de la corriente Nueva Izquierda del PRD, la demanda se presentó ante la Cámara de Diputados, donde acudió hasta la Secretaría General a presentar el oficio.

El documento sustenta que “los integrantes del gabinete de seguridad, particularmente el Dr. Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ordenaron la liberación de una persona detenida. Y no se trata de cualquier persona, se trata de un integrante del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas mejor estructuradas y con presencia no solo en México, sino en casi 70 por ciento del territorio mundial, de acuerdo con información del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América”.

También se señala que estos hechos son constitutivos de delito, debido a que el artículo 150 del Código Penal Federal contempla la aplicación de seis meses a nueve años de prisión a quien favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado.

“Es decir, se sancionará penalmente a aquella persona que favorezca la liberación de una persona detenida, como es el caso de Alfonso Durazo, quien no solo favoreció, sino de hecho ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, a pesar de que este ya se encontraba detenido, en cumplimiento a una orden de aprehensión”, indicó.

“El mismo artículo señala: ‘Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años’”, precisó.

La demanda perredista sostiene que es “innegable” la responsabilidad del titular de Seguridad, pues él mismo declaró haber dado la orden. “Igualmente, el presidente López (Obrador) ha confirmado esta noticia y, más grave aún, ha manifestado su respaldo a tal decisión”.

Añade que “en el mismo orden de ideas, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone en sus artículos 6º y 7º, lo siguiente: ARTÍCULO 6o.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

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