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Siguen las acusaciones en contra de Nestora Salgado

El ex fiscal Iñaki Blanco del estado, afirmó que existen elementos suficientes para procesar a Nestora Salgado por secuestro, debido a que como comandanta de la policía comunitaria de Olinalá sometió a mujeres y hombres a una especie de “esclavitud moderna” y toleró incluso abusos sexuales contra menores de edad.

En una charla que tuvo el ex funcionario con un medio de televisión, señalo que el Ministerio Público a su cargo apeló en su momento las sentencias con que los juzgadores estimaron que no había suficientes pruebas para acreditar responsabilidad penal de la hoy candidata de Morena al Senado

Recalco que fueron ni dos ni tres, sino cerca de 50 denuncias las que fueron presentadas contra Salgado por privación ilegal de la libertad.

“A la señora le daba lo mismo llevar a sus casas de justicia a hombres que a mujeres y, lo que es peor, a menores de edad; convivían todos ellos y eran parte de una especie de esclavitud moderna; eran víctimas de todo tipo de maltrato, los golpeaban, les daban comida echada a perder(…). A las niñas las mantenían descubiertas, una de ellas sufrió incluso una infección de vías urinarias y no se le proporcionó atención médica y, lo más grave, porque esto lo acreditó también la CNDH, fueron víctimas de abuso sexual”

Iñaki Blanco respondió a quienes cuestionan la reactivación de la causa penal contra Nestora, justo después de su postulación a un escaño senatorial.

“No es una coincidencia. Ocurre aquí que, en el domicilio con el que se contaba para notificarla y recibir todo tipo de documentos, señalan que ella ya no vive ahí y que radica en Estados Unidos. Pero hoy es un hecho público y notorio que la señora anda en campaña y sería bueno que se diera a la tarea, alguno de estos días, de recibir la notificación de estas apelaciones”, indicó.

El ex fiscal sostuvo en la entrevista que dio en el medio de televisión que existen las pruebas suficientes sobre la culpabilidad de la ahora candidata. Recordó que las víctimas presentaron cerca de 50 denuncias por su detención arbitraria o “a capricho”, así como secuestro en las casas de justicia comunitarias.

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