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Sin esclarecerse el asesinato del activista Antonio Vivar Díaz

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Organismos civiles de derechos humanos y familiares del activista Antonio Vivar Díaz, exigieron a las autoridades estatales y federales el cumplimiento cabal de la recomendación 85/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por actos de tortura y uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de una persona el 7 de junio del 2015 en la cabecera municipal de Tlapa.

La recomendación fue emitida el 27 de diciembre del año pasado y se refieren a hechos que ocurrieron el 7 de junio del 2015 en el marco de la elección de alcaldes y diputados locales, en donde organizaciones sociales y magisteriales se movilizaron por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

En ese marco la policía Federal y estatal, el Ejército y la Marina implementaron un operativo que derivó en una irrupción violenta en la capilla de El Tepeyac, en Tlapa, que terminó con el asesinato a tiros del activista Antonio Vivar Díaz; la detención arbitraria de Ángel Basurto Ortega, Juan Sánchez Gaspar y Francisco Ortega Vicente y cinco personas más.

También la golpiza al maestro Juan Tenorio Villegas y la tortura a la que fue sometida, Xóchitl Cano Ruiz.

En esa recomendación se establece que la policía Federal retuvo, torturó e incurrió en uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de Antonio Vivar, por lo que deben abrirse investigaciones contra policías y cadena de mando de esa corporación; además que la Marina y el Ejército también incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos y recomienda investigar a los elementos que participaron en aquellas acciones.

En conferencia de prensa, este martes, El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, exigió a nombre de las víctimas y de los organismos civiles “a las autoridades estatales y federales cumplir cabalmente las recomendaciones, particularmente que se inicien las investigaciones penales y administrativas contra policías estatales, federales y la cadena de mando, así como miembros del Ejército y la Marina implicados en la detención arbitraria de 8 personas. De igual forma se inicien las investigaciones por tortura y se agilice la indagatoria por el asesinato de Antonio Vivar que permanece estancada en la Delegación de la PGR”.

Albertano Vivar Díaz, hermano del activista asesinado, señaló que a cuatro años de estos hechos no hay  ningún avance en las investigaciones: “seguimos en la exigencia de justicia, no hay ningún culpable tras las rejas, mi hermano era estudiante y se unió a los maestros movilizados en protesta por la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos”.

Vivar Díaz indicó que a su hermano lo “mataron de dos disparos que provenían de una pistola de un elemento de la policía Federal que sigue libre; tenemos impotencia y tristeza porque no hay justicia, hablan de reparar el daño pero la vida no se compra, le arrebataron el derecho a vivir a mi hermano”.

La madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Cristina Bautista, dio su solidaridad con las víctimas de esta represión y de Antonio Vivar: “hemos sido víctimas de la represión del gobierno y hemos sabido resistir”

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