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Tribunal federal revisa sentencia de caso Iguala

El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito aceptó aclarar los alcances de la sentencia que emitió en el caso Iguala y en la que ordenó la creación de una comisión de la verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Los registros del Consejo de la Judicatura Federal señalan que el magistrado Mauricio Fernández de la Mora, integrante del colegiado, hizo suya las peticiones de aclaración presentadas por el Presidente de la República y la Cámara de Diputados.

Las sentencias dictadas en los amparos 203 al 206/2017 a favor de cuatro implicados en la desaparición de los 43 normalistas serán discutidas en la sesión del jueves próximo por los tres magistrados en pleno.

Los inculpados que obtuvieron los amparos son: Miguel Ángel Landa Bahena El Chequel, presunto integrante de Guerreros Unidos; Gildardo López Astudillo El Cabo Gil, lugarteniente de dicha organización; Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo y Salvador Reza Jacobo El Wereke.

El acuerdo publicado por el tribunal colegiado establece que la aclaración que realizarán los magistrados sobre la sentencia es de tipo “oficiosa”, por lo que ni el Presidente ni los legisladores tienen obligación de acreditar los puntos en los que la resolución resulta confusa o imprecisa.

Las solicitudes tanto los diputados como el Presidente requirieron aclarar el sustento jurídico de la comisión de la verdad y la asignación presupuestal a la misma por el Congreso.

Los magistrados deberán analizar estos puntos para aclarar sus alcances en la ejecución de la sentencia, lo cual no implica modificar el sentido.

En el fallo, los magistrados ordenaron que los integrantes de la comisión sean quienes decidirán sobre las líneas de investigación y acudirán a cuarteles militares en busca de los estudiantes desaparecidos.

Para ello, lanzaron un llamado al Presidente de la República y al Congreso de la Unión para que brinden facilidades estructurales y presupuestales para su funcionamiento.

La resolución, prácticamente desconoce la “verdad histórica” difundida por el gobierno federal sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pues los magistrados concluyeron que la investigación de la PGR no fue “pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

Ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar dictámenes periciales independientes con base en el Protocolo de Estambul, para determinar si los cuatro quejosos fueron torturados para emitir sus confesiones y que el gobierno federal realice pagos parciales de 500 mil pesos a cada una de las familias de los desaparecidos por concepto de reparación del daño.

La semana pasada, la PGR presentó ante el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, encargado de ordenar el cumplimiento de la sentencia, un incidente de imposibilidad real, jurídica y material.

El acuerdo del unitario, publicado el viernes pasado, admitió a trámite el incidente y ordenó dar vista a los interesados para que en el plazo de tres días ofrezcan pruebas y aleguen lo que consideren conveniente.

En paralelo, la Conferencia Nacional de Procuradores se lanzó contra la resolución del tribunal colegiado, al considerarla excesiva y violatoria de la separación de poderes.

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