En un día emblemático como el 25 de noviembre, dedicado a generar conciencia sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, no escatimó en pronunciamientos enérgicos. Desde Palacio Nacional, presentó una campaña nacional contra la violencia sexual y digital, recordando que el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años en México han sufrido algún tipo de violencia, y el 49.7% ha sido víctima de agresiones sexuales. Hernández enfatizó que “la violencia no es normal” y llamó a denunciarla, instando incluso a los hombres a unirse a la construcción de una sociedad justa y segura. Sus palabras resonaron en redes y medios, con mensajes como “no están solas” dirigidos a las víctimas, y anuncios de programas como la Pensión Mujeres Bienestar, apoyos a madres trabajadoras y una red nacional de abogadas. Todo ello en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, donde el gobierno federal se posiciona como un baluarte feminista.
Pero, ¿qué pasa cuando la retórica choca con la realidad política? Apenas unos meses antes, en marzo de 2025, esta misma administración y su partido mayoritario, Morena, demostraron una amnesia selectiva ante un caso que pone en tela de juicio su compromiso real con las mujeres. Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y diputado federal por Morena, enfrentaba una denuncia grave: su media hermana, Nidia Fabiola Blanco Fernández, lo acusó de intento de violación en diciembre de 2023.
Según la denuncia, Blanco la sometió y acosó durante cuatro minutos, un acto que la Fiscalía de Morelos calificó como abuso sexual en grado de tentativa. La fiscalía solicitó el desafuero del legislador en febrero de 2025 para que pudiera ser investigado y juzgado, ya que su fuero constitucional lo protegía de procesos penales.
Aquí es donde la incongruencia se hace patente. En la Cámara de Diputados, la mayoría morenista, junto con aliados como el PRI y el PVEM, votó en contra del desafuero, blindando a Blanco de cualquier accountability judicial. Más de cien diputadas de Morena, mujeres que se supone defienden la agenda de género, respaldaron esta decisión, gritando “¡no estás solo!” al acusado mientras rechazaban la solicitud. La rebelión de algunas legisladoras no fue suficiente; el voto mayoritario priorizó la lealtad partidista sobre la justicia para una víctima. Citlalli Hernández, como secretaria de las Mujeres y figura clave en Morena, no alzó la voz en contra de esta protección. Su silencio en este caso específico contrasta brutalmente con sus llamados generales a denunciar el acoso y el abuso.
Esta doble moral no es un incidente aislado, sino un patrón que erosiona la credibilidad del movimiento feminista oficialista. Mientras Hernández presenta planes integrales contra el abuso sexual y repudia violencias “que no deben ser trivializadas”, el partido que representa protege a uno de los suyos acusado precisamente de eso. ¿Cómo creer en una “transformación feminista” cuando se archivan denuncias graves por conveniencia política? La víctima, en este caso la media hermana de Blanco, queda relegada, mientras el acusado sigue en su curul, amparado por un fuero que actúa como escudo de impunidad. Y aunque Blanco ha negado las acusaciones, calificándolas de “falsas” y proponiendo incluso iniciativas para defender a hombres de señalamientos infundados, el rechazo al desafuero impide que la justicia determine la verdad.
En un país donde la violencia de género es una epidemia estructural, como bien lo reconoció Hernández, acciones como esta envían un mensaje devastador: la sororidad tiene límites cuando toca al poder. Las legisladoras de Morena que aplaudieron a Blanco ese día no solo fallaron a las víctimas, sino que perpetuaron un sistema donde el partido está por encima de la equidad. Si el gobierno realmente busca un México de igualdad, debe empezar por casa: renunciar al blindaje de acusados y priorizar la justicia sobre la política. De lo contrario, sus campañas del 25N no serán más que palabras vacías, teñidas de hipocresía morena.